INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL PERIÓDICO EL ESPECTADOR EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
Unos días atrás el ministro de la Protección Social, Mauricio Santamaria,explicó que el Gobierno presentará dos proyectos de ley para reformar la salud: uno de carácter estatutario, “que define y regula el núcleo esencial del derecho a la salud”; y otro ordinario, que reforma la ley. El borrador del primero ya está listo, e incluye una propuesta que busca disminuir radicalmente las tutelas contra el sector.
El proyecto establece que los reclamos en los tratamientos o medicamentos que no estén incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), y que hasta ahora son reclamados a través de tutelas, sean estudiados inicialmente por el Comité Técnico Científico de cada EPS, el cual “deberá pronunciarse favorablemente en un plazo no superior a dos días calendario desde la solicitud del concepto”, reza el proyecto.
Si la solicitud es negada por el Comité, pasará a manos de la Superintendencia Nacional de Salud. Allí será un comité técnico-científico, conformado entre otros por el médico tratante o sus pares y un grupo de especialistas, quienes resolverán en un término de diez días si la reclamación es aceptada o no. Para esto, especifica el proyecto, la Supersalud “podrá pedir informes adicionales a la entidad, a los médicos tratantes o a cualquier otra persona que estime necesario”.
Luego de analizar el proyecto de cuatro páginas, cuatro capítulos y doce artículos, el doctor Fernando Ruiz (director del Centro de Proyectos para el Desarrollo de la Pontificia Universidad Javeriana), le dijo a El Espectador que el mayor valor de esta iniciativa es buscar que los reclamos sean resueltos por vía administrativa y no jurídica, como se viene haciendo. “Así las decisiones van a ser tomadas con base en un análisis médico, no con un criterio jurídico que muchas veces puede ser cuestionable, como sucede hoy”.
Ruiz advierte que si la Supersalud va a adquirir esta responsabilidad, tiene que ser reforzada. “La Supersalud ha sido un institución con una gran debilidad estructural. Hoy no tiene la capacidad técnica que va a requerir”. Según Ruiz, en un año las reclamaciones podrían ser cercanas a 50 mil.
Paula Acosta, asesora del Ministerio de la Protección Social, reconoce que el nuevo mecanismo que establece este proyecto busca además agilizar los plazos de respuesta a los usuarios. “Será más ágil”, dice. Además reitera que las autorizaciones para procedimientos y medicamentos no POS se habían desbordado. “Hasta bótox se estaba autorizando a través de tutelas”.
Además de cuatro debates en el Congreso, este proyecto tiene que ser aprobado por la Corte Constitucional. El Gobierno espera que para julio de 2011 se conozca su suerte.
EDITORIAL:
Amigos que leen éste blog de ser necesario debemos acudir a un plebiscito, un referendum u otro mecanismo pertinente en caso de ser aprobado el proyecto de ley antes citado, LA TUTELA ampara mas de 22 derechos según la constitución y los mas beneficiados han sido los más pobres de nuestra nación; roguemos porque éstas decisiones de éstos buitres amenazantes no socaben más nuestros derechos más vulnerados.
